Caso Marta del Castillo: La no legislación del perjurio «da pie» a las mentiras

El «caso Marta» será recordado por las contradicciones y las mentiras, además de por la tragedia

Los imputados tienen derecho a no decir nada que les pueda perjudicar
«Caso Marta del Castillo»: La no legislación del perjurio «da pie» a las mentiras

Sólo los testigos tienen la obligación legal de decir la verdad; en caso de que se incumpla, se les puede inculpar.

SEVILLA- En un juicio, el fiscal pregunta: «¿Mató a la víctima?». «No», responde el imputado. «Le recuerdo que está bajo juramento. ¿Sabe usted cuál es la pena por perjurio?», subraya el Ministerio Público. El encartado: «Mucho menor que por asesinato». Este supuesto queda en simple chascarrillo fuera de las fronteras españolas. En España no es posible, ya que el Código Penal, como ha recordado el ministro de Justicia, permite «el derecho a mentir».

En otros países, existe el derecho a guardar silencio o no decir nada que pueda perjudicar al procesado. En España, se recoge, dentro del amplio listado de garantías del artículo 24.2 de la Constitución, el derecho a «no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable».
«Todas las contradicciones del ‘caso Marta del Castillo’ se resolverían incluyendo el perjurio en el Código Penal, en relación con los imputados», aseguraban fuentes policiales a LA RAZÓN de Sevilla tras la vista preliminar. El perjurio es el delito que consiste en mentir bajo juramento.

Sólo los testigos tienen la obligación legal de decir la verdad. En caso de que se incumpliese esta obligación, el testigo puede ser procesado por la vía penal, de ahí que la familia de Marta haya solicitado la imputación de la ex pareja del asesino confeso en caso de que el cuerpo no esté en el lugar que le aseguró Carcaño y en el que no se ha buscado, según dice. Cuando un testigo, como la menor de Camas, asegura a un abogado en una vista judicial que «si he mentido a la Policía, puedo mentir a cualquiera», lo pertinente, según la jurisprudencia, es deducir testimonio, lo que implica abrir una nueva investigación para comprobar si hay delito.

El origen histórico del derecho a «no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable» proviene de la idea ilustrada de suprimir la tortura para arrancar declaraciones contra la voluntad de los imputados. Existen matices, la sentencia 142/2009, que niega el amparo a dos policías municipales, pero esta excepción sólo se ha dado en quienes tienen una posición jurídica diferenciada o unos deberes especiales. «Vivimos en un sistema donde presumimos que todo ciudadano es inocente y esa inocencia es el punto de partida». Palabras del ministro Caamaño. El debate está abierto. El PP-A llevó al Parlamento una Proposición No de Ley para que se incrementen las penas en los delitos contra la libertad sexual, la vida o la integridad de las personas y para que se eliminen determinados privilegios y se otorgue más protección a los menores.

El sistema de enjuiciamiento criminal tiene como objetivo, por imperativo del artículo 25.1 de la Constitución, la reeducación y la reinserción. Lo que, según defienden algunos expertos, «no es un derecho a la falsedad». Otros hablan de que es «exigir contra natura» que se diga la verdad cuando de ella depende la libertad.

Se abre aquí un debate de tintes filosóficos: el artículo 24.2 de la Constitución contempla la opción de no declarar contra uno mismo y no confesarse culpable, lo que se denomina «derecho al silencio». Ocurre que, en la práctica, acogerse a este derecho, conlleva, ya que se supone que «el que calla, otorga», el reconocimiento implícito de un hecho. Para destruir esto, la salida jurídica es contestar negativamente, falseando la verdad sin que pueda ser sancionado. Por tanto, «el derecho a mentir», en sí, no existe; pero sí la opción de hacerlo al no existir sanción.

Para intentar evitar que mentir salga gratis, la Fiscalía ha endurecido la petición de condena para el asesino confeso, al que reprocha que no diga el paradero del cuerpo de Marta tras sus cambios de declaración.

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